Siria ha olvidado los brotes verdes que prometía la primavera árabe. La escalada de violencia, que incluye el atropello permanente de los derechos humanos fundamentales, no deja de crecer. El último suceso que ha tenido lugar este mismo sábado, ha arrojado la cifra de más de un centenar de personas asesinadas por la represión de las fuerzas del régimen de Bachar al Asad. Los disturbios se extienden por todo el país, en especial en Hama y Homs, las provincias centrales, que son en este momento dos de los principales enclaves de la oposición.
Por su parte la Liga Árabe ha decidido suspender la misión de sus observadores ante el deterioro evidente de la seguridad en el país y este domingo se ha reunido una delegación de la organización panárabe en Nueva York para conseguir el apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU. El objetivo sigue siendo que Al Asad abandone el poder y se pueda formar un gobierno de unidad nacional.
La gravedad de la situación no admite demora en el diagnóstico y la posible solución. Diversas organizaciones, como por ejemplo Cruz Roja, han denunciado el escaso respeto que a día de hoy se tiene en el país por la vida humana y, en particular, por las actividades de los médicos y otros agentes humanitarios. Y, además, esta misma semana un sacerdote ortodoxo ha sido asesinado en los arrabales de la ciudad de Hama, en lo que ha sido un episodio de violencia y odio terrorista contra un religioso, que debe hacer saltar los pilotos de alarma y poner en alerta a la comunidad internacional.
Es urgente encontrar una vía eficaz para la mediación. Se necesita abrir espacios para el diálogo fructífero entre todos los actores implicados y favorecer al mismo tiempo la presencia en el país de observadores independientes. Solo así parece que se puede transitar el camino correcto que ponga fin al derramamiento de sangre y ayude a Siria a salir de esta crisis cuanto antes.
