El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial ha puesto en manos de los servicios jurídicos la situación de unos terrenos que en su día cedió a la Policía Nacional para uso deportivo y que este Cuerpo no utiliza para tal fin, por lo que reclama desde hace tiempo su reversión al municipio. Aunque había un principio de acuerdo, no se ha cumplido.
La previsión es que en un máximo de tres meses la denuncia para el desalojo de los terrenos municipales ocupados esté ante los tribunales. Y es que al Ayuntamiento se le ha agotado la paciencia después de que la vía del diálogo con la Dirección General de la Policía haya fracasado.
El alcalde, José Luis Fernández Quejo, quiere que se le devuelvan al municipio los 10.000 metros cuadrados que la Policía Nacional ocupa de forma irregular, ya que la parcela no se utiliza para lo que se cedió (uso deportivo) sino como cementerio de coches decomisados y parque móvil del Cuerpo, algo para lo que no cuenta con licencia municipal.
Hubo un acuerdo hace dos años con los anteriores responsables de la Policía Nacional, pero tras el relevo se ha ido al traste. "Nosotros llegamos a un acuerdo con el anterior director general, que tenemos incluso por escrito, pero llegó el nuevo director general y dice que no se van, que si queremos que los echemos, así que no nos queda más remedio que ir a juicio", apunta el regidor, José Luis Fernández Quejo, quien ha explicado que el director general de la Policía Nacional se niega incluso a recibirle y no hace caso ni a su jefe, el propio ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, con el que Fernández Quejo ha tenido la ocasión de hablar. "Rubalcaba tiene mucha vinculación con San Lorenzo de El Escorial porque veraneaba aquí, le he explicado la situación, ha hablado con el director general de la Policía, pero éste insiste en que no quiere soltar el terreno".
El Ayuntamiento del Real Sitio se ha ofrecido en sucesivas ocasiones a facilitar el desalojo pacífico de este terreno, incluso a pagar el traslado del parque móvil y cementerio de coches a una parcela que la Policía Nacional tiene en Segovia para tal fin, pero ni por esas. Así las cosas, sólo queda la vía judicial para recuperar un suelo que el Ayuntamiento necesita para poder construir viviendas de protección pública para los vecinos.
